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ASESORIA ECONOMIS PRESENTE EN LA VISTA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS VTC REPRESENTANDO AL TAXI

TSJC resolverá mañana si mantiene la suspensión del reglamento de las VTC

ASESORIA ECONOMIS PRESENTE EN LA VISTA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS VTC REPRESENTANDO AL TAXI

Asesoría Economis ha estado presente hoy en la vista celebrada en el TSJ sobre mantener la suspensión o no del reglamento de la AMB que restringe la actividad de las empresas que operan mediante las licencias VCT en el sector del Taxi. El abogado David Chacón, responsable del Departamento Jurídico de Economis, ha formado parte del grupo de letrados que han representado a los intereses del Taxi y ha definido en estas palabras el conflicto existente: "No cabe la medida cautelar impuesta y que supone la suspensión del Reglamento, pues perturba gravemente los intereses generales al reconocerse al sector del taxi tal atribución por la novísima sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2018".

En Asesoría Economis hemos apostado siempre por las nuevas tecnologías, prueba de ello es que estamos especializados en el sector TIC. No obstante, creemos firmemente que el avance tecnológico hacer que los trabajadores de este país puedan avanzar también sin renunciar a derechos laborales ni personales. Por este motivo nos preocupa la aparición de plataformas digitales cuyo objetivo es canibalizar sectores productivos de nuestra economía mediante la venta de servicios a pérdida con el fin de destrozar el sector y una vez sean los únicos proveedores establecer un cártel que les permita operar sin regulación en contra de los intereses de trabajadores así como de usuarios y clientes.

A continuación reproducimos la noticia aparecida en La Vanguardia al respecto:

TSJC resolverá mañana si mantiene la suspensión del reglamento de las VTC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolverá mañana si mantiene la suspensión cautelar del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que restringe la actividad de compañías de VTC como Uber y Cabify, como solicita la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC se ha celebrado una vista para resolver si se mantiene la suspensión del reglamento que el alto tribunal catalán acordó la semana pasada de forma cautelarísima, lo que ha generado movilizaciones en el sector del taxi en Barcelona.

Los letrados del Área Metropolitana han subrayado “el impacto sobre la movilidad y el medio ambiente” que puede tener esta suspensión, al permitir la concesión de miles de nuevas licencias, y han definido esta situación como “ el conflicto típico y tópico entre intereses generales e intereses empresariales”. Las distintas asociaciones de taxis han argumentado que el Tribunal Constitucional ya se pronunció con anterioridad para definir la regulación del transporte urbano como una “competencia exclusiva de las autonomías” y los taxis “como un servicio de interés general, si bien no un servicio público al uso”.

Igualmente, los representantes de los taxistas han afirmado que el Estatuto de Cataluña de 2006 ya otorgaba esta competencia al gobierno autonómico y han denunciado que la proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis establecida en la ley “existe solo a nivel simbólico” a causa de la “falta de supervisión del Estado”. “No podemos lanzar la imagen de que una ciudad del sur de Europa no tiene capacidad para controlar su tráfico rodado”, han afirmado los letrados, que consideran que la “circulación incesante y sin control” de vehículos con licencia VTC tiene perjuicios para los propios trabajadores de estas empresas y para los taxistas.

En cuanto a la posible subida de precios si se reduce la presencia de vehículos con licencia VTC, los representantes de los taxistas argumentan que “subirán precios si así lo desean las plataformas”, dado que no cuentan con tarifas fijadas, como sí tienen los taxis. Igualmente, ven “difícil” defender que el reglamento supone un “prejuicio irreparable”, dado que el 92 % de las licencias VTC están en manos de sociedades mercantiles con una facturación superior al millón de euros.

Por su parte, la CNMC ha pedido la suspensión de todo el reglamento de la AMB que regula la concesión de licencias de VTC y ha argumentado que la norma impulsada por el AMB “limita, extingue y revoca un número significativo de autorizaciones concedidas por las autoridades”, unas 1.000 según ellos. Los representantes de la Comisión han señalado, asimismo, la “falta de competencia manifiesta del Ayuntamiento” para otorgar este tipo de autorizaciones y han explicado que su aplicación tendrá “un efecto inmediato sobre los consumidores, con menos operadores y menos oferta”. “Existen medidas mucho menos restrictivas que las que ha puesto el AMB” para garantizar “la mobilidad urbana”, han afirmado los letrados de la CNMC.

Fuente: La Vanguardia

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