ERE en Telefónica: Beneficios empresariales y regulación de empleo.

Hace pocas semanas pudimos conocer a través de los medios de comunicación dos noticias que en cualquier otro momento de la historia de este país nos hubieran parecido terriblemente discordantes e imposibles de darse conjuntamente.

En primer lugar fuimos conocedores de la decisión de la compañía, otrora pública, de presentar un expediente de regulación de empleo que parece que finalmente  afectará a unos 8500 trabajadores en un periodo de 5 años.

Por otro lado conocíamos que la misma compañía había obtenido unos beneficios récord de más de 10.000 millones de Euros en el ejercicio anterior. Asimismo y en paralelo a esta noticia la dirección de la empresa decidió repartir dividendos por más de 7000 millones entre sus accionistas.

Cómo ha sido posible llegar a tal contradicción?.  La razón alegada por la compañía de telefonía para proceder a ejecutar su plan de regulación se fundamenta en la famosa cláusula ETOP (causas económicas. técnicas, organizativas o de la producción) específicamente se alega causa económica sustentada, eso sí en el resto de causas.

Ante el oxímoron beneficios/pérdidas que plantea Telefónica la pregunta es obvia, Cómo se puede al mismo tiempo obtener récord de beneficios y plantear despidos por causas económicas?.  La respuesta hay que encuadrarla en la última  reforma laboral aprobada por el Gobierno español mediante la Ley 35/2010 de 17 de septiembre y contestada por los sindicatos con la Huelga General del 29S de 2010.

La reforma vino a modificar el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, flexibilizando el contenido de lo que hasta la fecha se venía entendiendo como causa económica, mediante la introducción del concepto “pérdidas previstas”. Con tal inclusión se permite a las empresas despedir por causa económica si se prevén pérdidas futuras, un concepto novedoso y de dudosa aplicación que todavía no ha encontrado encaje en la jurisprudencia social.  No obstante, de fácil aplicación si, como es el caso, se evita un futuro proceso judicial, negociando con los sindicatos con propuestas de salida atractivas para los trabajadores.

Visto así pudiera parecer que el ERE es una buena medida si en definitiva resulta un café para todos. Pero, realmente lo es ?. Si tenemos en cuenta la factura social de tal operación la conclusión es la contraria. Sumando los costes que el Estado va a tener que asumir en forma de prestaciones por desempleo, subsidios posteriores y cotizaciones sociales de prestaciones y subsidios resulta una minuta de más de 500 millones de Euros que vamos a pagar entre todos los  ciudadanos y ciudadanas de este país. A tal cantidad se le deberían sumar los costes originados por los posibles adelantos en la edad de jubilación, que si bien en un principio menguan las cantidades a percibir en concepto de jubilación, aumentan el número de años de cobro.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno ya ha anunciado una modificación legal con objeto de que las grandes empresas se hagan cargo de esa factura que ahora pagamos entre todos, pero conociendo el poder lobístico de la referida compañía, difícilmente viviremos la aprobación de tal reforma antes de que telefónica negocie y cierre su ERE.

La solución a tal despilfarro público e ignominioso comportamiento social de las grandes compañías debe pasar, a mi modo de ver, por una actuación legislativa contundente, dirigida a establecer un modelo dual de Relaciones Laborales por el que se acuerde un aumento de las obligaciones frente a la sociedad de las grandes compañías que obtienen beneficios, aumentando el ratio indemnizatorio y trasladando a la empresa las obligaciones sociales  que hasta la fecha pagamos entre todos.

No podemos obviar que el derecho a la propiedad privada debe en todo momento vincularse a los intereses generales de la sociedad y no al contrario, que en momentos de dificultades estamos todos obligados  a hacer un esfuerzo común, cada uno en la medida de sus posibilidades y que hasta la fecha, la factura de la crisis siguen pagándola los sectores más débiles de nuestras democráticas sociedades.